El Pais 9-10 - 2012
El juez que investiga el robo de un bebé en la clínica Santa Cristina de Madrid en 1982, Adolfo Carretero, ha tomado declaración hoy, en calidad de testigos, a cinco doctoras que trabajaban entonces en el centro sanitario: Ana Elisa López Delgado, María Rosa Acero de Pablo, María Teresa del Olmo Mombiedro, Carmen Sánchez Calvo y Olga Fadón Pérez. Esta última ha declarado, según fuentes jurídicas, que sor María Gómez Valbuena, imputada por un delito de detención ilegal permanente y otro de falsedad documental, "tenía un poder absoluto sobre las adopciones".
Una de las doctoras, según las mismas fuentes, ha declarado al juez
que veía a sor María capaz de "chantajear" a una madre para que diera a
su niña en adopción.
Guillermo Peña, abogado de la madre denunciante, María Luisa Torres,
ha llamado la atención sobre las contradicciones en las que han caído
los distinto testigos citados a declarar por el juez que lleva el caso:
hasta 24. "Algunos dicen conocer a sor María solo de vista, de cruzarse
por el pasillo, y otros como hoy, dicen que era soberbia, distante, que
entraba en los nidos como quería y que llevaba en exclusiva el asunto de
las adopciones", ha dicho Peña. El abogado ha lamentado que "siguen sin
aparecer" los libros de contabilidad de la clínica Santa Cristina, cuya
revisión reclamaba para comprobar si el dinero que sor María reclamó a
los padres que finalmente adoptaron al bebé de María Luisa Torres fue
para sufragar, como decían las facturas, gastos de hospital o para
comisiones por adopción.
El caso de María Luisa es el más avanzado en los tribunales. La mayoría han sido archivados por falta de pruebas debido al tiempo transcurrido. Representantes de las asociaciones de afectados se reúnen mañana con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para pedirle que avance en los compromisos adquiridos, como la creación de una base de datos de niños robados y un banco de ADN.
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