La activista contra el abuso sexual de menores confía en que lo sucedido con el obispo Juan Barros ayude a mejorar los mecanismos para evitar que esos hechos vuelvan a repetirse. “El Papa debe tomar ahora acciones correctas”, dice, y apunta al nuncio y a los cardenales Ezzati y Errázuriz por su eventual responsabilidad en informar mal al Papa.
En febrero, tras la polémica desatada por el caso del obispo Juan Barros durante el viaje del Papa a Chile, Marie Collins reveló que en abril de 2015 le había hecho llegar al Pontífice una carta de Juan Carlos Cruz, donde este detallaba las acusaciones contra el prelado. Si bien la exmiembro de la Comisión para la Protección de Menores del Vaticano no tiene claro si el Papa leyó o no la carta, está consciente de que sí se le hizo llegar información veraz sobre el tema. En esta entrevista, Collins analiza lo sucedido tras conocer el mensaje enviado por Francisco a los obispos chilenos.
¿Cuál fue su primera reacción tras conocer la carta del Papa?
Estuve encantada de que los sobrevivientes en Chile hayan sido reivindicados y estén por recibir justicia finalmente.
El Papa dijo que no recibió información veraz. ¿Quién piensa que es responsable de eso?
No es posible saber con certeza, pero leyendo el intercambio de mails que se filtró entre los cardenales Ezzati y Errázuriz en 2014, se puede ver su actitud hostil hacia Juan Carlos Cruz y su determinación a desacreditarlo. Entonces, es muy posible que las informaciones al Papa vinieran de ese lado, como también de su representante en Chile, el nuncio, que estoy segura se le preguntó por su visión.
El Papa recibió la carta de Juan Carlos Cruz que usted le envió. Esa era información confiable. ¿Por qué cree que el Papa no confió en ella?
Sabemos que la carta fue entregada al Papa, pero no sabemos si la leyó o la ignoró, porque no ha habido una declaración del Vaticano desde que su existencia se hizo pública. Si él decidió descartarla o ignorar su contenido, sólo él puede explicarlo. Sí creo que aún se me debe una explicación a mí y a otros miembros de la comisión que hicimos todo tipo de esfuerzos por convencerlo de que se estaba equivocando en relación a los sobrevivientes en Chile, en nuestros viajes a Roma y a través de la carta que le entregamos al cardenal Sean O’Malley. El Papa fue engañado por algunos, pero hubo muchos otros, incluyendo la gente de Osorno, que hicieron esfuerzos para entregarle un panorama real.
¿Qué espera que pase en mayo después del encuentro del Papa con los obispos chilenos? Como irlandesa, ¿cree que hay similitudes entre este caso y el de la Iglesia de Irlanda tras la carta que envió Benedicto XVI?
Espero que quien engañó al Papa o fue responsable en alguna forma de la injusticia a los sobrevivientes de Karadima sea removido de su cargo. En 2010, el Papa Benedicto escribió una carta similar a la gente de Irlanda y llamó a los obispos irlandeses a Roma para que respondieran por su mal manejo de la crisis de abusos. Hay similitudes con la situación de Chile, pero desafortunadamente no hubo un seguimiento efectivo a la situación irlandesa, porque ningún obispo fue removido de su cargo. Espero que el caso de Chile sea distinto.
¿Cree, como dicen algunos vaticanistas, que el caso del obispo Barros puede ser un punto de inflexión en el papado de Francisco?
Como mi foco está en los temas de abusos en la Iglesia y cómo se manejan, espero que al menos sea un punto de inflexión en esta área. Lo que ha pasado en Chile es lo mismo que ha pasado en país tras país donde sobrevivientes han dado un paso adelante. La Iglesia local ha visto, a través del encubrimiento, la forma de proteger a sus colegas -sean los perpetradores o los obispos negligentes-. La única diferencia en este caso es que, además de intentar engañar a los laicos, también intentaron engañar al Papa. La única manera de prevenir que esto vuelva a pasar es asegurar que haya duras consecuencias para cualquier cardenal, obispo o líder religioso que intentó proteger a sus colegas a expensas de las víctimas. Debe haber una rendición de cuentas.
Desafortunadamente, el Tribunal de Rendición de Cuentas recomendado por la Comisión Pontificia de Protección de los Menores en 2015 para lograr este objetivo nunca fue implementado. En el mismo sentido, las Guías de Protección elaboradas, también por la comisión, que pretendían promover consistentemente buenas prácticas para la protección de menores en la Iglesia nunca fueron implementadas. La razón que se dio para ello por la Congregación para la Doctrina de la Fe fue que el camino debía ser la subsidiariedad, en otras palabras, que cada obispo debía tener la autoridad de hacer como estimaba mejor y no darle órdenes desde Roma. ¡Hemos visto adonde lleva esto! Si tiene que ser un punto de inflexión, entonces que el Tribunal de Rendición de Cuentas y las Guías de Protección sean implementados de inmediato. El mismo Papa debe tomar ahora las acciones correctas.
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