Aislinn Laing, Dave Sherwood
13-6 SANTIAGO (Reuters) - Chilean police and prosecutors on Wednesday launched separate and unexpected raids on Roman Catholic Church offices to seize documents relating to mounting claims of sexual abuse and cover-up.
The raids came just hours before Vatican abuse investigators sent by Pope Francis met the country’s top prosecutor to discuss collaborating on civil and canonical probes.
Archbishop Charles Scicluna of Malta, a special envoy from the Vatican, told reporters that it was “very important” that Church and state work together to protect children alleged to have been abused by priests and clergymen.
“The canonical process should in no way impede the right of people to exercise their right to civil justice,” he said at a news conference in the capital Santiago.
Ministerio Público hace histórica incautación en sedes de la Iglesia por casos de abuso
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12-6 Vatican team returns to Chile to 'ask forgiveness'for clergy sex abuse, cover-ups |
The raids came just hours before Vatican abuse investigators sent by Pope Francis met the country’s top prosecutor to discuss collaborating on civil and canonical probes.
Archbishop Charles Scicluna of Malta, a special envoy from the Vatican, told reporters that it was “very important” that Church and state work together to protect children alleged to have been abused by priests and clergymen.
“The canonical process should in no way impede the right of people to exercise their right to civil justice,” he said at a news conference in the capital Santiago.
" there was all the collaboration in the delivery of the background that counted in the court order, it is a lot of documentation seized , both here and in Rancagua , which I now intend to immediately address to analyze to be able to decree proceedings" .
Cerca de las 11.00 de este miércoles un fuerte rumor comenzó a circular entre los asistentes al seminario de capacitación sobre prevención de abusos sexuales, organizado por la Conferencia Episcopal, en la Casa Central de la Universidad Católica. Entre los presentes se encontraban los enviados papales Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, quienes iniciaban allí las actividades de su segundo día de misión en Chile. Llamados telefónicos y comentarios de pasillo alertaban que el Ministerio Público ingresaría a diversas dependencias de la Iglesia Católica en busca de información relacionada con investigaciones eclesiales sobre abusos cometidos por sacerdotes.
El mismo asombro se vivía a esa hora en la sede de la Conferencia Episcopal. Allí estaban el arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, y el obispo auxiliar, Fernando Ramos, quienes también recibían mensajes y llamados de alerta sobre la situación.
En simultáneo, lo mismo ocurría en la Región de O’Higgins. Allí, el fiscal Sergio Pérez ingresó al Obispado de Rancagua.
A las 12.00 las campanadas de la Catedral Metropolitana no solo advertían el mediodía. También se sincronizaban con la salida del fiscal Arias desde el Tribunal Eclesiástico rumbo a un nuevo destino, a pocos metros: el Arzobispado de Santiago. En ese lugar culminaron las labores emprendidas y amparadas bajo la orden firmada por la jueza de garantía de Pichilemu, América Rojas.
En el caso de Rancagua, la fiscalía solicitó las investigaciones previas realizadas por la Iglesia en contra de religiosos de aquella diócesis acusados de abuso sexual contra menores. Aunque las denuncias fueron contra 14 religiosos, la documentación allanada por los persecutores excede a estos casos.
Lo requerido en Santiago fue más acotado y solo obedecía a la indagatoria contra el excanciller del arzobispado Óscar Muñoz Toledo (ver notas secundarias). La causa en contra del sacerdote se inició luego de que se autodenunciara en enero por supuesto abuso y acoso contra menores en la Región de O’Higgins. En menos de un mes, los resultados eran elevados por la diócesis al Vaticano.
“Se trata de diligencias simultáneas, tanto en Santiago como en Rancagua, referidas a la incautación judicial de una serie de elementos necesarios para continuar con la investigación de hechos que podrían ser constitutivos de delitos contra menores de edad”, indicó el fiscal Arias.
El persecutor aseguró que su actuar no está dirigido contra la Iglesia Católica, sino a ciertas personas naturales que han cometido delitos.
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