La oficina de atención a los afectados y el banco de ADN se retrasan a febrero
El ministerio de Justicia ha presentado hoy una guía de recomendaciones para la práctica de exhumaciones sobre sustracción de niños, después de que el pasado 26 de diciembre la Fiscalía General del Estado remitiese una circular ordenando a todas las fiscalías territoriales agotar todas las vías de investigación y practicar cuantas pruebas fueran necesarias, incluidas las exhumaciones, ante un posible caso de robo de bebés.
La guía, que recoge las conclusiones de un encuentro entre los directores de los institutos de medicina legal de toda España el pasado verano, incide en la importancia de la cadena de custodia y la elaboración de un análisis antropológico completo (especie, edad, estatura, patologías…) de los huesos hallados antes de remitirlos al Instituto Nacional de Toxicología para garantizar “la máxima calidad pericial” de cara a un juicio por robo de bebés. El documento se remitirá a todas las comunidades autónomas, al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía, ya que son jueces y fiscales quienes pueden ordenar la práctica de exhumaciones.
El Instituto Nacional de Toxicología ha recibido 104
peticiones de identificación genética
Retraso en la oficina y el banco de ADN
La puesta en funcionamiento de la oficina de atención a las víctimas y la base de datos y banco de ADN que el Ministerio de Justicia prometió el pasado octubre se retrasa. Según el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Conde, la oficina se abrirá “a lo largo del mes de febrero”. El banco de ADN es una prioridad para los afectados, porque permitirá incorporar los análisis genéticos que muchos se han hecho y pagado de su bolsillo (unos 150 euros de media) en laboratorios privados a un fichero común elaborado por el Ministerio de Justicia y confían en que de ese cruce de datos (de padres que creen que les robaron a sus hijos y personas que sospechan que pueden ser niños robados) surjan nuevos reencuentros.
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